ARAUCA
Admiten demanda que busca restituir tierras al pueblo Hitnü en Puerto Rondón
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Cúcuta admitió una demanda que busca devolver 490 hectáreas y 9.061 metros cuadrados a 145 personas integrantes del Resguardo Indígena de Tierra Nueva del pueblo Hitnü.
Con esta decisión se respaldó el trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras y se dio un nuevo paso en el proceso que determinará si se restablecen los derechos de esta comunidad desarraigada por la presión de grupos violentos.
El territorio reclamado por esta comunidad indígena se encuentra ubicado en zona rural de municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca. El pueblo Hitnü, que tiene amenazada la pervivencia de su cultura debido a la sistemática violación de sus derechos, por cuenta del accionar de grupos violentos, valora con esperanza el paso que dio la justicia al admitir la demanda que presentó de la mano con la Unidad de Restitución de Tierras.
Con la admisión se abre la oportunidad para instar a las entidades vinculadas en el proceso a coordinar acciones que puedan garantizar el cumplimiento de las órdenes previstas por el despacho judicial para lograr materializar la restitución de derechos territoriales y la reparación integral para la comunidad que integra el Resguardo Indígena de Tierra Nueva.
Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, señala que esta decisión respalda el diligente trabajo liderado por la entidad y agrega que “el compromiso con el pueblo Hitnü es prioritario. Esta comunidad indígena enfrenta diferentes factores de riesgo que amenazan su pervivencia física y cultural, por lo que se trabaja para fortalecer los procesos de concertación, con el propósito de restablecer los derechos territoriales de este pueblo”.
Con el acompañamiento al pueblo Hitnü se generó la confianza para radicar nuevos casos ante la justicia, como son las solicitudes sobre el territorio de La Vorágine-La Ilusión y el Resguardo San José de Lipa, comunidades ancestrales del departamento de Arauca.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Personería Municipal de Tame, emitió alerta humanitaria y de orden público, indicando que se ha reportado la presencia de trampas explosivas en la vereda Los Andes, del mencionado municipio.
En la comunicación, el Personero Juan Carlos Villate Camargo, hace un llamado a la población civil y a los trabajadores de la zona a tomar medidas de precaución al transitar por este sector, de igual manera solicitó a las autoridades locales que activen los protocolos legales necesarios para la desactivación segura de estas trampas explosivas.
“Reiteramos a los actores armados el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, asimismo hacemos un llamado administración local, departamental y nacional, y a los organismos de cooperación internacional para activar los mecanismos de protección y asistencia para la población civil”, recalcó el funcionario.
Fuente: Personería de Tame
Por presuntos actos de corrupción, la Fiscalía General de la Nación judicializó al mayor de la Policía Nacional Joan Manuel Pérez Rodríguez, al subintendente Jhon Alexander Orozco Salazar, a la patrullera Lesly Geraldin Angarita Quintero y el intendente Erwin Giovanny Liévano León, este último actualmente en retiro.
Según la investigación, los procesados habrían permitido la salida de personas que permanecían privadas de la libertad en la estación de Policía de Arauca (Arauca) y de la cual Pérez Rodríguez era su comandante.
Información en poder de la Fiscalía evidenció que los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2023. Al parecer, las salidas eran concedidas para que los investigados realizaran arreglos locativos en las viviendas de los procesados, en casas fiscales o para que adelantaran el mantenimiento de vehículos y aires acondicionados, además de otras actividades.
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También se determinó que los procesados habrían permitido el ingreso de celulares, seguetas y alucinógenos a las celdas a cambio del pago de sumas que oscilaban entre 800.000 y 1’500.000 pesos.
Por estos hechos un fiscal de la Seccional Arauca imputó a los investigados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de cohecho propio, concusión, abuso de función pública, peculado por uso y fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para el mayor y el subintendente Orozco Salazar, detención domiciliaria para intendente en retiro y no privativas de la libertad para la patrullera.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Ante las preocupantes cifras de violencia, el Gobernador Renson Martínez Prada adelantó un Consejo de Seguridad con el propósito de analizar la situación que se viene presentando en el territorio y articular acciones para mitigar la alteración del orden público debido a la confrontación de los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el Departamento.
Entre los puntos a destacar en este Consejo que se extendió durante la tarde del martes 7 de mayo, el mandatario anunció que solicitará a sus homólogos de los departamentos de Casanare Cesar Ortiz Zorro y de Boyacá Carlos Amaya, realizar un Consejo Seguridad Tripartita para buscar estrategias conjuntas que fortalezcan la seguridad en las vías que conectan esta región.
Además exigió fortalecer los dispositivos de seguridad tanto en las áreas urbanas como rurales, especialmente en la capital araucana e indicó que ya fueron incorporados más de 300 efectivos para adelantar estas labores.
Respecto al presunto secuestro en Cravo Norte, las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
Fuente: Gobernación de Arauca
